El Hielo de ICE: La verdad del 287(g)

El Hielo de ICE: La verdad del 287(g)

America’s Voice / Rafael Prieto | 2010-04-08 | La Opinión

El Hielo de ICE: La verdad del 287(g)

Las deportaciones han persistido mediante el programa 287(g), see que opera con gruesas fallas./La Prensa.

Para la comunidad hispana que experimenta diariamente los efectos de las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), no es motivo de sorpresa la revelación hecha por el diario The Washington Post de que personal de esa agencia federal se traza metas de expulsión de indocumentados, sin tener en cuenta las características o antecedentes de los inmigrantes que saca del país.

Latinos de las áreas más apartadas de la geografía nacional pueden narrar con desolación como han visto reducida la población hispana por las actividades de ICE y las espantosas consecuencias de los programas de deportación que promueve, como 287(g) y Comunidades Seguras.

Antes de que Obama llegara a la presidencia en el verano de 2008, en el Condado de Beaufort, Carolina del Sur, las autoridades locales decidieron estrenar un acuerdo de cooperación con ICE con lo que llamaron Operación Oleada, el cual significó una temporada de terror en la que fueron arrestados 300 indocumentados, que hacinaron la cárcel local.

Allí las deportaciones han persistido mediante el programa 287(g), que opera con gruesas fallas. “No se está aplicando para deportar criminales, sino a todo tipo de gente. Es un abuso”, me contó Eric Esquivel, director de la revista bilingüe La Isla, que se publica en la zona.

La realidad es que pese a las modificaciones que ICE le hizo a los memorandos de entendimiento, como parte de la nueva política de la Administración de Obama para enfatizar la expulsión de criminales reales, los agentes locales están colocando en proceso de deportación a trabajadores inmigrantes sin antecedentes criminales.

Pero la situación en la alta jerarquía de las agencias federales en Washington no es diferente y la muestra del botón está en las comunicaciones internas de la Oficina de Detenciones y Remociones (DRO) de ICE, del pasado 22 de febrero, que claramente presentan una meta de deportar 400.000 inmigrantes no criminales anualmente.

La filosofía de la Oficina de Detenciones y Remociones (DRO) parece no haber cambiando desde 2003, cuando su entonces director, Anthony Tangeman, estampó su firma en la Operación Endgame, un plan estratégico con el fin de deportar a todos los indocumentados en un periodo de diez años.

La clarificación de John Morton, actual jefe de ICE, de que su institución no fija cuotas de deportaciones es irrelevante, dado que los números hablan por si solos.

La propia secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo el pasado 11 de agosto en El Paso que en lo que iba de 2009 ICE había realizado 181.000 arrestos y deportado a 215.000 “ilegales”. La funcionaria remarcó que las detenciones se habían incrementado en el mismo periodo en comparación con hace dos años en seis por ciento y las deportaciones en 25 por ciento, cuando George W. Bush era presidente.

Posteriormente, en medio de una controversia por retractaciones de ICE respecto al manejo de sus estadísticas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que las deportaciones habían aumentado 46 por ciento durante la Administración de Obama.

Por eso el reclamo de los activistas que asistieron al encuentro con el presidente en la Casa Blanca, antes de la marcha de Washington. Y por eso su sorpresa con que el mandatario pensara que básicamente se estaba deportando a criminales.

Por “coincidencia” el mismo día de la reunión con los activistas latinos, los vaqueros de ICE efectuaron un par de redadas a apenas 28 millas de la residencia presidencial, llevándose a 29 humildes empleados de restaurantes.

Source: La Opinión

Poizner define sus posiciones

Poizner define sus posiciones

El aspirante a gobernador se aferra a su lucha contra los indocumentados

Pilar Marrero/ pilar.marrero@laopinion.com | 2010-04-08 | La Opinión

ENTREVISTA

Poizner define sus posiciones

Steve Poizner. Ciro Cesar/La Opinión

Muchos hemos visto el comercial en la televisión. Un carro está a punto de caer por un precipicio. Un aspirante a gobernador, Steve Poizner, dice que California es como ese carro, a punto de desplomarse. ¿La razón? California da muchos servicios a demasiada gente, principalmente a los que llama “inmigrantes ilegales”.

No es que Poizner no hable de otra cosa en su campaña por lograr la nominación republicana a la gubernatura, pero casi. A veces también habla de bajar los impuestos y de la necesidad de suspender la aplicación de las nuevas leyes ambientales para “traer empleos a California”.

Pero el tema de la inmigración indocumentada ha dominado su campaña en las últimas semanas, exacerbando su mensaje. De un manojo de comerciales de TV, la mayoría trata sobre ese tema. El tono no parece muy diferente de aquellos comerciales “Y ellos siguen llegando”, con imágenes de los que corrían por la frontera y que tanto efecto tuvieron en la reelección del entonces gobernador Pete Wilson, pero que afectaron negativamente la imagen de su partido en los años siguientes.

Poizner vino esta semana a La Opinión a explicar su punto de vista.

“Sé que no estaremos de acuerdo, que tendremos diferencias, pero agradezco que me escuchen”, dijo Poizner antes y después de la entrevista, solicitada por este periódico.

“La inmigración ilegal no es el único problema que enfrenta California, hay muchos otros temas, pero es un factor. Sobre todo lo es ahora en situación de crisis, porque tenemos que gastar tanto dinero de los contrientes. Un dinero que no alcanza en las escuelas, que están abrumadas, y en los es”, dijo Poizner.

“Tenemos que cortar impuestos para traer trabajos y tomar control de nuestro estado. Creo que si quitamos los incentivos, y uno de ellos son los servicios para los inmigrantes ilegales, ellos terminarán por no venir, y los que están aquí quizá terminen yéndose”.

Añadió el precandidato: “Gastamos miles de millones de dólares en estos servicios”.

No es la primera vez que alguien plantea la idea de que los indocumentados reciben mucho del estado y vienen aquí en parte por esa razón. Apuntamos que son pocos los servicios a los que una persona sin papeles puede acceder, aparte de educación básica, cuidado ario de emergencia y cuidado pre natal.

“Hemos estudiado esto”, señala Poizner. “Hay algunos servicios de no emergencias que pueden obtener, y también abortos. Estoy de acuerdo con que se les dé atención de emergencia. Además, es ley federal”.

California tiene un déficit que llegaría a los 20,000 millones de dólares este año. ¿Cuánto podrá ahorrar quitando esos servicios de no emergencia, los únicos que podría retirar, quizá, sin enfrentar demandas legales por antinconstitucionalidad?

“Cientos de millones”, señaló Poizner.

Es cuidadoso en expresar que no es un antiinmigrante “como algunos políticos que andan por ahí, algunos en mi partido”.

“Nada más lejos de la realidad. Hay quienes ni siquiera apoyan la inmigración legal. Yo creo que la inmigración legal es fabulosa y creo que debemos buscar la manera de tener una inmigración legal que pueda suplir las necesidades de nuestra economía. Pero no amnistía, no estoy a favor de la amnistía”.

El actual comisionado de seguros es una persona de hablar suave. Se preocupa por señalar que ha hecho mucho por la gente. “Quiero que me vean como a alguien que siente compasión, que quiere ayudar a la gente. Yo he construido escuelas chárter, enseñé un año en una escuela urbana de personas de bajos recursos”.

Insiste en que la verdadera solución es buscar la forma de ir “apagando” los imanes que traen gente a inmigrar a California. Los trabajos y, principalmente, los servicios. “Quiero cambiar el comportamiento de la gente. Que piense a la hora de venir, que aquí no van a encontrar trabajo, ni les vamos a dar servicios. Eso es lo que quiero lograr”.

No está claro el camino para alcanzar tal cosa. Pete wilson logró, en 1994, que se aprobara la Proposición 187 para expulsar a niños de las escuelas y quitarles cualquier servicio médico de no emergencia. Pero la medida fue hallada anticonstitucional e inhabilitada.

Poizner dice, en un comercial, que “lo llevaremos a la boleta”. “Otros estados han aprobado medidas para prohibir servicios a ilegales”, dice. “Nosotros también podemos hacerlo, aunque quiero que sepan que pienso hacerlo en forma muy compasiva, pensada, elegante. Que si vamos a quitar servicios sea poco a poco, con fechas a futuro, para ir retirando estos servicios de forma paulatina”.

“No porque los empleadores puedan ganar más por usar la mano de obra barata debemos permitir la ilegalidad. Todo lo que nos cuesta la inmigración ilegal, la educación, la salud. Yo creo que todos los californianos apreciarán a un candidato que habla con la verdad, sin un objetivo personal, sólo el bienestar de California. Yo digo lo que otros no se atreven a decir”, comentó.

¿Por qué su campaña se centra principalmente en este tema?, le preguntamos. ¿Es que es toda la solución para California?

“Fue el primer tema que escogí para mis comerciales, pero no todos ellos serán sobre inmigración ilegal”, dijo. “Aún tenemos mucha campaña por delante”.

Poizner entiende que “se malinterpreten avisos que sólo tienen 30 segundos para explicar un tema complicado”.

¿Cómo podremos tener una fuerza laboral educada en el futuro para competir con India, China, etc., si echamos de la escuela y la universidad a un segmento tan grande de la población?, le preguntamos.

“La pregunta es, ¿es bueno para el estado tener un montón de niños indocumentados en las escuelas? ¿Es bueno para los otros niños? ¿Es bueno para los inmigrantes legales? ¿puede nuestro sistema de educación manejarlo? Yo creo que no”, señaló.

Por el momento, la estrategia tiene sus limitaciones. Poizner sigue muy rezagado en todas las encuestas frente a su contrincante Meg Whitman. La ataca por haber invertido otros $20 millones para un total de $59 millones en su campaña.

“Creo que con eso esconde su debilidad como candidata”, dijo. “Además, creo que eso dice que está muy alejada de la realidad de las familias de California, que lo están pasando muy mal con la economía. Es casi obsceno”.

No obstante, Poizner, quien también es millonario y ha invertido 20 millones de su bolsillo en la campaña, dijo que probablemente invertirá más dinero. “No necesitamos gastar más que Whitman, pero sí difundir nuestro mensaje. Creo que su campaña es muy amplia pero poco profunda. Todavía tengo oportunidad”.

Source: La Opinión

Alertan de fallos en los programas de bienestar para los hijos de indocumentados

7 de abril de 2010, 04:09 PM

Washington, 7 abr (EFE).- Un informe publicado hoy alerta de los fallos de los programas de bienestar infantil que obvian las circunstancias de hijos de padres indocumentados arrestados o deportados, y perjudican a los niños de familias inmigrantes separadas.

La organización de atención a la infancia First Focus publicó hoy el reporte “Atrapado entre sistemas: la intersección de las políticas migratorias y de bienestar infantil”, que recomienda una mejor coordinación y más flexibilidad en los sistemas migratorio y de protección de menores.

Según el informe, alrededor de 5,5 millones de niños en Estados Unidos, de los cuales un 73% nacieron en este país, sufren las contradicciones de ambas legislaciones y sus procesos.

Entre sus consecuencias indirectas, están los padres que pierden en los juzgados la custodia de sus hijos por su estatus legal, barreras lingüísticas que dificultan procesos burocráticos o requisitos imposibles de cumplir porque los progenitores se enfrentan a procesos migratorios.

“Todos estos obstáculos incrementan el tiempo en que los niños separados están dentro del sistema de bienestar y crean riesgos por inapropiados plazos y requisitos” de los sistemas de adopción y de acogida de niños, indica.

Concretamente, el informe se refiere a la Ley de Adopción y Familias a Salvo (ASFA), una legislación federal que impone “estrictos plazos” a los padres de niños que están bajo el cuidado de agencias de bienestar.

Estos tiempos suelen ser en muchas ocasiones imposibles de completar por padres deportados o arrestados, ni por sus familiares en el país que son también indocumentados.

El informe también detalla casos de menores en instituciones de asistencia a menores que terminan en denuncias a la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) por parte de los empleados.

Un ejemplo que detalla es el de un trabajador social que denunció a la policía en febrero de 2009 el estatus migratorio de una guatemalteca madre dos hijos estadounidenses.

La mujer pasó a las dependencias del ICE y cuando los abuelos de los niños acudieron a la misma oficina de asistencia para niños para atender a sus demandas, estos fueron también detenidos.

Acciones como ésta incrementan la desconfianza de las comunidades inmigrantes en las agencias de asistencia a niños, apunta el informe, porque pueden provocar que, por miedo a la deportación, muchos casos sospechosos o graves de maltrato infantil no sean denunciados.

Los menores además quedan entonces “atrapados” entre las imposiciones legales de ambos sistemas y se ven obligados a permanecer en centros de adopción.

El presidente de First Focus, Bruce Lesley, defendió que “no hay razón para que un niño sufra el trauma de ser separado de sus padres y termine en centros de acogida cuando hay soluciones tangibles para prevenir estas situaciones”.

En ese sentido, el informe concluye que “la falta de protocolos nacionales para guiar la colaboración entre entidades migratorias de bienestar infantil amenaza a la unidad familiar y al bienestar de niños en casos en que los servicios de protección infantil son necesarios”.

Así, recomienda guías que determinen pautas de colaboración y de comunicación a favor de la protección de los intereses de niños y sus familias en los diferentes sistemas, tanto el migratorio, el de justicia criminal como el de bienestar infantil.

Algunas de las propuestas son que durante los arrestos de padres se tenga en cuenta si tienen hijos y se actúe en consecuencia, o que los progenitores puedan llamar por teléfono para planear el cuidado de sus hijos mientras están ausentes.

También se plantean alternativas a la deportación de padres con menores en Estados Unidos que no suponen un riesgo para la comunidad, como la permanencia de los progenitores bajo vigilancia o mediante la imposición de multas.

Source: Yahoo! Noticias en Español

US Labor Secretary sends message to America’s under-paid and under-protected:‘We Can Help!’

News Release
WHD News Release: [04/01/2010]
Contact Name: Dolline Hatchett
Phone Number: (202) 251-7929 cell or 202-693-4651 office
Release Number: 10-0411-NAT

US Labor Secretary sends message to America’s under-paid and under-protected:‘We Can Help!’

Solis announces national campaign and commits to bringing justice to nation’s working poor

CHICAGO — Secretary of Labor Hilda L. Solis today used the historic setting of Chicago’s famed Jane Addams Hull-House Museum, store on the Chicago campus of the University of Illinois, to unveil the U.S. Department of Labor’s “We Can Help” campaign. Solis committed to helping the nation’s low-wage and vulnerable workers, and reminded them that her agency’s personnel will not waver in protecting the rights guaranteed by law to every worker in America.

“I’m here to tell you that your president, your secretary of labor and this department will not allow anyone to be denied his or her rightful pay — especially when so many in our nation are working long, hard and often dangerous hours,” Secretary Solis told an energized crowd of workers, community advocates and leaders. “We can help, and we will help. If you work in this country, you are protected by our laws. And you can count on the U.S. Department of Labor to see to it that those protections work for you.”

 

Today’s event marked the beginning of the “We Can Help” nationwide campaign. The effort, which is being spearheaded by the department’s Wage and Hour Division, will help connect America’s most vulnerable and low-wage workers with the broad array of services offered by the Department of Labor. The campaign will place a special focus on reaching employees in such industries as construction, janitorial work, hotel/motel services, food services and home health care. It also will address such topics as rights in the workplace and how to file a complaint with the Wage and Hour Division to recover wages owed.

Through the use of Spanish/English bilingual public service announcements — featuring activist Dolores Huerta and actors Jimmy Smits and Esai Morales, the launch of a new Web site at http://www.dol.gov/wecanhelp and a toll-free hotline, 866-4US-WAGE (487-9243), the department is renewing its emphasis on reaching and assisting workers who often find themselves denied the pay legally guaranteed to them by law. The campaign also underscores that wage and hour laws apply to all workers in the United States, regardless of immigration status.

“The nation’s laws are for the protection of everyone who works in this country,” said Secretary Solis, speaking from the site where President Franklin D. Roosevelt’s Labor Secretary Frances Perkins once worked. “It is appropriate and correct that vulnerable workers receive what the law promises, and that no employer gain a marketplace advantage by using threats or coercion to cheat workers from their rightful wages. I have added more than 250 new field investigators nationwide — an increase of a third — to help in this effort. If you are a worker in America, on this day, we promise you a new beginning and a new partnership to ensure you receive the wages you deserve.”

Chicago’s Hull-House opened in 1889 when Jane Addams, the first American woman to win the Nobel Peace Prize, rented the site to institute and maintain educational and philanthropic enterprises to improve conditions in the industrial districts of Chicago. By its second year of existence, Hull-House was host to 2,000 people every week and today remains a central force in reaching out to Chicago’s poor.

Read this news release en Español.

Source: U.S. Department of Labor – We Can Help!

Leonia church helps day laborers

Leonia church helps day laborers

Friday, April 9, 2010
LEONIA LIFE

Palisades Park — Holy Spirit Lutheran Church of Leonia (ELCA) recently received a $2,000 grant from Lutheran Social Ministries of New Jersey to help fund a lunch program for day laborers in Palisades Park. The program is held at Grace Lutheran Church (Missouri Synod) in Palisades Park and is organized by the Leonia-based Community of Friends in Action, Inc.

Leonia church helps day laborers

PHOTO COURTESY OF REV. PEGGY NIEDERER. Lee Zandstra presents a check for $2,000 to Rev. Peggy Niederer of Holy Spirit Lutheran Church, Leonia, from Lutheran Social Ministries of New Jersey.

Lutheran Social Ministries of New Jersey provides ity, and hope to those in New Jersey who are hurt, in need or have limited choices, regardless of religious affiliation or background. Their diversified social ministry is a not-for-profit organization that assists more than 3,500 people across the state. They work through local congregations and other non-profit organizations that define the specific needs of people in local communities. Lee Zandstra is the Director of Community Partnering and Lutheran Disaster Response for Lutheran Social Ministries of New Jersey.

The mission statement of Holy Spirit Lutheran Church of Leonia is “transforming lives through the love and hope of Christ.” The pastor of the church, Rev. Peggy Niederer, is also a member of the Board of the Community of Friends in Action, Inc. (CoFiA)

CoFiA addresses the needs of day laborers in eastern Bergen County by supplying lunch once a week to around 60 to 100 workers, between November and April; offering English language classes; distributing bags of food contributed by the Englewood-based Center for Food Action; and maintaining an informal “Workers Link” program that connects homeowners who need jobs done, with people who need work. CoFiA has also recently arranged with OSHA trainers to provide a program on workplace safety to a group of workers.

For more information about the various programs, visit www.communityoffriendsinaction.org or call 201-598-2253. For information about Holy Spirit Lutheran Church or the Lutheran Social Ministries of New Jersey, call Rev. Niederer at 201-403-4341 or Lee Zandstra at 609-699-4133.

Jornaleros arrestados se defienden

Jornaleros arrestados se defienden

CRISTINA LOBO GUERRERO/EDLP | 2010-04-08 | La Raza

Jornaleros arrestados se defienden

Aparecen dos de los ocho jornaleros que comparecieron en la corte de Elizabeth. cristina loboguerrero/edlp

ELIZABETH, seek Nueva Jersey — Ocho de los 12 jornaleros arrestados el mes pasado por la policía de Elizabeth y denunciados a inmigración, se declararon ayer inocentes por el cargo de “quitar la paz de la ciudad”, durante una audiencia en la corte municipal.
Uno por uno los jóvenes, todos de nacionalidad hondureña, se declararon inocentes ante el juez municipal, por el cargo de “loitering”, que fue traducido en corte como quitar la paz de la ciudad en vez de deambular. El magistrado indicó que todos serán notificados por correo sobre la fecha en que se celebrará una nueva audiencia.

Los otros cuatro jóvenes que recibieron el mismo cargo, no pudieron comparecer ante la corte por encontrarse detenidos por el Servicio de Inmigración.

“Me siento muy contento de haber venido. Tengo mucha esperanza de que se va a hacer justicia”, dijo Luis Paz, uno de los jornaleros que fue arrestado durante una masiva redada realizada por miembros de la policía de Elizabeth.

El hecho se registró el 15 de marzo pasado, en la esquina de las calles Elizabeth y Smith, donde diariamente se congregan alrededor de 30 jornaleros.

El hecho llamó la atención, debido a que varios testigos indicaron que los jornaleros no estaban haciendo nada y que simplemente llegó un patrullero y empezó a ordenarles que pusieran las manos en la nuca para luego esposarlos. Maritza Chávez, directora de la Fundación Mundial Rescatando al Inmigrante de Elizabeth, explicó que lo más importante es que ninguno tuvo miedo de presentarse ante el tribunal.

maria.loboguerrero@eldiariony.com

Source: La Raza

Labor Department Launches ‘We Can Help’ Campaign for Workers

by KYW’s Brad Segall

The U.S. Labor Department has kicked off a nationwide campaign designed to let workers know they have a place to go if they feel they are being treated unfairly at work.

The “We Can Help” campaign is a national effort to inform this country’s most vulnerable and low-wage workers about their rights under federal law. Labor Department officials came to Norristown, for Pa. where there is a strong Latino workforce — a segment of the population that’s taken advantage of.

Labor Department investigator Natalie Martinez says many times the workers aren’t paid minimum wage or overtime:

“We have people who work a hundred hours in a week and are paid straight time for those hours. Employers have a lot of tricks to try to hide that employees actually worked overtime.”

Regardless of immigration status, she says anyone who works in this country is covered by wage and hour laws. She says they also keep an eye on health and safety standards.

For more information, visit: www.dol.gov/wecanhelp

Source: KYW News Radio 1600

Arizona Set to Pass Anti-Immigrant Legislation

by CARA on 4.6.2010

In Arizona, seek the legislature looks set to pass a truly terrifying anti-immigration bill that would, among other thing, ask allow police to arrest undocumented immigrants on the charge of trespassing simply for being in the state:

The Arizona Legislature gave preliminary approval Tuesday to a proposal that would allow the police to arrest illegal immigrants on trespassing charges simply for being in the state.

The provision, which opponents and proponents call a first in the nation, is part of a wide-ranging bill whose sponsors say they hope will make life tougher for illegal immigrants.

The House bill must be reconciled with a version passed by the Senate, something that may be done within the next week or two. Both include measures to outlaw the hiring of day laborers off the street; prohibit anyone from knowingly transporting an illegal immigrant, even a relative, anywhere in the state; and compel local police to check the status of people they reasonably suspect are in the country illegally.

Immigrant advocates call the bill some of the harshest legislation they have seen in a state where battles over immigration are particularly sharp edged.


Allow me to repeat that, because it’s important. The bill would, among other things, force police to check the status of people they “reasonably suspect” are undocumented.

Tell me, who exactly do you think the people police might “reasonably suspect” of being undocumented might be? Because as a white woman, I don’t think that in the event of this bill passing, I’d exactly have to fear being stopped. What this bill would essentially do is not only legalize but require racial profiling and harassment against Latin@s.

Truthdig has more on the bill. It originally passed the Senate back in February — Google searches indicate the issue was being discussed for a couple months prior to now, though it only recently hit my radar — and the most recent news seems to be that an amended version has passed committee in the House. Though the amended version changes the language about “trespassing,” some immigrants rights advocates worry that the new language is even worse. Not only does the rewording potentially criminalize legal residents who fail to carry their documentation, it also “eliminates the requirement that an individual must be in the midst of committing another crime in order to also be charged with transporting, concealing or harboring an illegal immigrant” and contains no exception for humanitarian efforts.

I’m unsure what kind of effect voter action may have at this stage in the game. The ACLU has called the bill unconstitutional, and the best bet may be a legal challenge. Nevertheless, if my searching has failed and you have action alerts or information about organizations that are combating the bill, please leave the information in the comments and I’ll update the post.

Source: Feministe

Activists on DHS’s 287g Program: “End It, Don’t Mend It”

Activists on DHS’s 287g Program: “End It, Don’t Mend It”

Source: Uprising Radio, Host: Sonali Kolhatkar (KPFK 90.7 FM)

Listen to this segment | the entire program

Activists on DHS’s 287g Program: “End It, Don’t Mend It” On Friday, the Inspector General of the Department of Homeland Security released an extensive internal report on its 287 (g) immigration agreements. The agreement facilitates the deportation of undocumented immigrants who have committed serious crimes and grants federal immigration authority to state and local police enforcement officials. It gained national notoriety and spurred much controversy in Arizona when Maricopa County Sheriff Joe Arpaio began utilizing it to conduct immigration sweeps and roundups. Friday’s comprehensive review of all the 287 (g) agreements DHS has in place found that the federal-local partnerships lacked oversight and were inconsistent in their applications from agency to agency. In contrast with the policy’s officially stated aims, local police were found to have used their authorities in targeting undocumented immigrants arrested only for minor offenses. Inadequate safeguards on civil rights were also highlighted. Despite the internal report’s findings, Immigration and Customs Enforcement or ICE has said that it has been aware of such problems and has already taken measures to address them. Immigrant rights activists, on the other hand, have responded to the report by calling on the Obama administration to end, not mend the agreements.

GUEST: Chris Newman, Legal Director of National Day Laborer Organizing Network

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Anti-illegal immigration group wants census used to find illegal immigrants

Originally published April 07, 2010

By Abby Sewell
Medill News Service

WASHINGTON — An anti-illegal immigration group has launched a push for U.S. census data to be used to enforce immigration law.

The North Carolina-based group Americans for Legal Immigration Political Action Committee called Monday for its supporters to flood congressional offices nationwide with calls to introduce legislation that would allow 2010 census data to be used to identify and deport illegal immigrants.

Immigration advocates and experts said the proposal would be unworkable and would run counter to the purpose of the census.

ALIPAC President William Gheen called his proposal a response to widespread efforts by the census to reach out to immigrant populations through measures such as Spanish-language ads.

“We can’t allow illegal aliens to steal taxpayer allocations and taxpayer representation by being counted on the census, ” he said.

Rep. Roscoe Bartlett, a Republican who represents Frederick County, was among the congressional incumbents endorsed by ALIPAC in 2010. Bartlett’s spokeswoman, Lisa Wright, said to her knowledge no one had contacted the congressman’s office about the group’s proposal.

Census population figures are used, in part, to determine federal funding and congressional representation for each state.

Lisa Navarrete, vice president of the National Council of La Raza, a Hispanic advocacy organization, called ALIPAC an extremist group and equated taking their immigration policy proposals seriously with taking on affirmative action from a white supremacist group.

Gheen “is trying to solve a problem that doesn’t exist,” she said. “On the contrary, what the problem has been for years with the census is a significant undercount of Latinos.”

Census Bureau spokeswoman Samantha O’Neil had no specific comment on the ALIPAC proposal but said that the bureau is tasked with counting every resident, regardless of citizenship status. Federal law prohibits the Census Bureau from sharing personal information collected in the census with any other agency.

“We take our orders from the Constitution, and we’ve been doing it the same way since 1790,” O’Neil said.

The 2010 census did not include any questions about immigration status. ALIPAC is proposing that identifying information provided on census forms should be run against federal databases to flag potential illegal immigrants.

Audrey Singer, a senior fellow in the metropolitan policy program of the Brookings Institution, said it would be impossible to verify immigration status based on the information provided on the 2010 census.

“There’s no magical database out there that could accurately and reliably inform us about a person’s legal standing in the country,” she said. ” … On the accuracy of doing that, it would be a surefire failure, not to mention all of the legal and ethical consequences.”

Source: FrederickNewsPost.com