Poizner define sus posiciones

Poizner define sus posiciones

El aspirante a gobernador se aferra a su lucha contra los indocumentados

Pilar Marrero/ pilar.marrero@laopinion.com | 2010-04-08 | La Opinión

ENTREVISTA

Poizner define sus posiciones

Steve Poizner. Ciro Cesar/La Opinión

Muchos hemos visto el comercial en la televisión. Un carro está a punto de caer por un precipicio. Un aspirante a gobernador, Steve Poizner, dice que California es como ese carro, a punto de desplomarse. ¿La razón? California da muchos servicios a demasiada gente, principalmente a los que llama “inmigrantes ilegales”.

No es que Poizner no hable de otra cosa en su campaña por lograr la nominación republicana a la gubernatura, pero casi. A veces también habla de bajar los impuestos y de la necesidad de suspender la aplicación de las nuevas leyes ambientales para “traer empleos a California”.

Pero el tema de la inmigración indocumentada ha dominado su campaña en las últimas semanas, exacerbando su mensaje. De un manojo de comerciales de TV, la mayoría trata sobre ese tema. El tono no parece muy diferente de aquellos comerciales “Y ellos siguen llegando”, con imágenes de los que corrían por la frontera y que tanto efecto tuvieron en la reelección del entonces gobernador Pete Wilson, pero que afectaron negativamente la imagen de su partido en los años siguientes.

Poizner vino esta semana a La Opinión a explicar su punto de vista.

“Sé que no estaremos de acuerdo, que tendremos diferencias, pero agradezco que me escuchen”, dijo Poizner antes y después de la entrevista, solicitada por este periódico.

“La inmigración ilegal no es el único problema que enfrenta California, hay muchos otros temas, pero es un factor. Sobre todo lo es ahora en situación de crisis, porque tenemos que gastar tanto dinero de los contrientes. Un dinero que no alcanza en las escuelas, que están abrumadas, y en los es”, dijo Poizner.

“Tenemos que cortar impuestos para traer trabajos y tomar control de nuestro estado. Creo que si quitamos los incentivos, y uno de ellos son los servicios para los inmigrantes ilegales, ellos terminarán por no venir, y los que están aquí quizá terminen yéndose”.

Añadió el precandidato: “Gastamos miles de millones de dólares en estos servicios”.

No es la primera vez que alguien plantea la idea de que los indocumentados reciben mucho del estado y vienen aquí en parte por esa razón. Apuntamos que son pocos los servicios a los que una persona sin papeles puede acceder, aparte de educación básica, cuidado ario de emergencia y cuidado pre natal.

“Hemos estudiado esto”, señala Poizner. “Hay algunos servicios de no emergencias que pueden obtener, y también abortos. Estoy de acuerdo con que se les dé atención de emergencia. Además, es ley federal”.

California tiene un déficit que llegaría a los 20,000 millones de dólares este año. ¿Cuánto podrá ahorrar quitando esos servicios de no emergencia, los únicos que podría retirar, quizá, sin enfrentar demandas legales por antinconstitucionalidad?

“Cientos de millones”, señaló Poizner.

Es cuidadoso en expresar que no es un antiinmigrante “como algunos políticos que andan por ahí, algunos en mi partido”.

“Nada más lejos de la realidad. Hay quienes ni siquiera apoyan la inmigración legal. Yo creo que la inmigración legal es fabulosa y creo que debemos buscar la manera de tener una inmigración legal que pueda suplir las necesidades de nuestra economía. Pero no amnistía, no estoy a favor de la amnistía”.

El actual comisionado de seguros es una persona de hablar suave. Se preocupa por señalar que ha hecho mucho por la gente. “Quiero que me vean como a alguien que siente compasión, que quiere ayudar a la gente. Yo he construido escuelas chárter, enseñé un año en una escuela urbana de personas de bajos recursos”.

Insiste en que la verdadera solución es buscar la forma de ir “apagando” los imanes que traen gente a inmigrar a California. Los trabajos y, principalmente, los servicios. “Quiero cambiar el comportamiento de la gente. Que piense a la hora de venir, que aquí no van a encontrar trabajo, ni les vamos a dar servicios. Eso es lo que quiero lograr”.

No está claro el camino para alcanzar tal cosa. Pete wilson logró, en 1994, que se aprobara la Proposición 187 para expulsar a niños de las escuelas y quitarles cualquier servicio médico de no emergencia. Pero la medida fue hallada anticonstitucional e inhabilitada.

Poizner dice, en un comercial, que “lo llevaremos a la boleta”. “Otros estados han aprobado medidas para prohibir servicios a ilegales”, dice. “Nosotros también podemos hacerlo, aunque quiero que sepan que pienso hacerlo en forma muy compasiva, pensada, elegante. Que si vamos a quitar servicios sea poco a poco, con fechas a futuro, para ir retirando estos servicios de forma paulatina”.

“No porque los empleadores puedan ganar más por usar la mano de obra barata debemos permitir la ilegalidad. Todo lo que nos cuesta la inmigración ilegal, la educación, la salud. Yo creo que todos los californianos apreciarán a un candidato que habla con la verdad, sin un objetivo personal, sólo el bienestar de California. Yo digo lo que otros no se atreven a decir”, comentó.

¿Por qué su campaña se centra principalmente en este tema?, le preguntamos. ¿Es que es toda la solución para California?

“Fue el primer tema que escogí para mis comerciales, pero no todos ellos serán sobre inmigración ilegal”, dijo. “Aún tenemos mucha campaña por delante”.

Poizner entiende que “se malinterpreten avisos que sólo tienen 30 segundos para explicar un tema complicado”.

¿Cómo podremos tener una fuerza laboral educada en el futuro para competir con India, China, etc., si echamos de la escuela y la universidad a un segmento tan grande de la población?, le preguntamos.

“La pregunta es, ¿es bueno para el estado tener un montón de niños indocumentados en las escuelas? ¿Es bueno para los otros niños? ¿Es bueno para los inmigrantes legales? ¿puede nuestro sistema de educación manejarlo? Yo creo que no”, señaló.

Por el momento, la estrategia tiene sus limitaciones. Poizner sigue muy rezagado en todas las encuestas frente a su contrincante Meg Whitman. La ataca por haber invertido otros $20 millones para un total de $59 millones en su campaña.

“Creo que con eso esconde su debilidad como candidata”, dijo. “Además, creo que eso dice que está muy alejada de la realidad de las familias de California, que lo están pasando muy mal con la economía. Es casi obsceno”.

No obstante, Poizner, quien también es millonario y ha invertido 20 millones de su bolsillo en la campaña, dijo que probablemente invertirá más dinero. “No necesitamos gastar más que Whitman, pero sí difundir nuestro mensaje. Creo que su campaña es muy amplia pero poco profunda. Todavía tengo oportunidad”.

Source: La Opinión

Leonia church helps day laborers

Leonia church helps day laborers

Friday, April 9, 2010
LEONIA LIFE

Palisades Park — Holy Spirit Lutheran Church of Leonia (ELCA) recently received a $2,000 grant from Lutheran Social Ministries of New Jersey to help fund a lunch program for day laborers in Palisades Park. The program is held at Grace Lutheran Church (Missouri Synod) in Palisades Park and is organized by the Leonia-based Community of Friends in Action, Inc.

Leonia church helps day laborers

PHOTO COURTESY OF REV. PEGGY NIEDERER. Lee Zandstra presents a check for $2,000 to Rev. Peggy Niederer of Holy Spirit Lutheran Church, Leonia, from Lutheran Social Ministries of New Jersey.

Lutheran Social Ministries of New Jersey provides ity, and hope to those in New Jersey who are hurt, in need or have limited choices, regardless of religious affiliation or background. Their diversified social ministry is a not-for-profit organization that assists more than 3,500 people across the state. They work through local congregations and other non-profit organizations that define the specific needs of people in local communities. Lee Zandstra is the Director of Community Partnering and Lutheran Disaster Response for Lutheran Social Ministries of New Jersey.

The mission statement of Holy Spirit Lutheran Church of Leonia is “transforming lives through the love and hope of Christ.” The pastor of the church, Rev. Peggy Niederer, is also a member of the Board of the Community of Friends in Action, Inc. (CoFiA)

CoFiA addresses the needs of day laborers in eastern Bergen County by supplying lunch once a week to around 60 to 100 workers, between November and April; offering English language classes; distributing bags of food contributed by the Englewood-based Center for Food Action; and maintaining an informal “Workers Link” program that connects homeowners who need jobs done, with people who need work. CoFiA has also recently arranged with OSHA trainers to provide a program on workplace safety to a group of workers.

For more information about the various programs, visit www.communityoffriendsinaction.org or call 201-598-2253. For information about Holy Spirit Lutheran Church or the Lutheran Social Ministries of New Jersey, call Rev. Niederer at 201-403-4341 or Lee Zandstra at 609-699-4133.

Jornaleros arrestados se defienden

Jornaleros arrestados se defienden

CRISTINA LOBO GUERRERO/EDLP | 2010-04-08 | La Raza

Jornaleros arrestados se defienden

Aparecen dos de los ocho jornaleros que comparecieron en la corte de Elizabeth. cristina loboguerrero/edlp

ELIZABETH, seek Nueva Jersey — Ocho de los 12 jornaleros arrestados el mes pasado por la policía de Elizabeth y denunciados a inmigración, se declararon ayer inocentes por el cargo de “quitar la paz de la ciudad”, durante una audiencia en la corte municipal.
Uno por uno los jóvenes, todos de nacionalidad hondureña, se declararon inocentes ante el juez municipal, por el cargo de “loitering”, que fue traducido en corte como quitar la paz de la ciudad en vez de deambular. El magistrado indicó que todos serán notificados por correo sobre la fecha en que se celebrará una nueva audiencia.

Los otros cuatro jóvenes que recibieron el mismo cargo, no pudieron comparecer ante la corte por encontrarse detenidos por el Servicio de Inmigración.

“Me siento muy contento de haber venido. Tengo mucha esperanza de que se va a hacer justicia”, dijo Luis Paz, uno de los jornaleros que fue arrestado durante una masiva redada realizada por miembros de la policía de Elizabeth.

El hecho se registró el 15 de marzo pasado, en la esquina de las calles Elizabeth y Smith, donde diariamente se congregan alrededor de 30 jornaleros.

El hecho llamó la atención, debido a que varios testigos indicaron que los jornaleros no estaban haciendo nada y que simplemente llegó un patrullero y empezó a ordenarles que pusieran las manos en la nuca para luego esposarlos. Maritza Chávez, directora de la Fundación Mundial Rescatando al Inmigrante de Elizabeth, explicó que lo más importante es que ninguno tuvo miedo de presentarse ante el tribunal.

maria.loboguerrero@eldiariony.com

Source: La Raza

Labor Department Launches ‘We Can Help’ Campaign for Workers

by KYW’s Brad Segall

The U.S. Labor Department has kicked off a nationwide campaign designed to let workers know they have a place to go if they feel they are being treated unfairly at work.

The “We Can Help” campaign is a national effort to inform this country’s most vulnerable and low-wage workers about their rights under federal law. Labor Department officials came to Norristown, for Pa. where there is a strong Latino workforce — a segment of the population that’s taken advantage of.

Labor Department investigator Natalie Martinez says many times the workers aren’t paid minimum wage or overtime:

“We have people who work a hundred hours in a week and are paid straight time for those hours. Employers have a lot of tricks to try to hide that employees actually worked overtime.”

Regardless of immigration status, she says anyone who works in this country is covered by wage and hour laws. She says they also keep an eye on health and safety standards.

For more information, visit: www.dol.gov/wecanhelp

Source: KYW News Radio 1600

Arizona Set to Pass Anti-Immigrant Legislation

by CARA on 4.6.2010

In Arizona, seek the legislature looks set to pass a truly terrifying anti-immigration bill that would, among other thing, ask allow police to arrest undocumented immigrants on the charge of trespassing simply for being in the state:

The Arizona Legislature gave preliminary approval Tuesday to a proposal that would allow the police to arrest illegal immigrants on trespassing charges simply for being in the state.

The provision, which opponents and proponents call a first in the nation, is part of a wide-ranging bill whose sponsors say they hope will make life tougher for illegal immigrants.

The House bill must be reconciled with a version passed by the Senate, something that may be done within the next week or two. Both include measures to outlaw the hiring of day laborers off the street; prohibit anyone from knowingly transporting an illegal immigrant, even a relative, anywhere in the state; and compel local police to check the status of people they reasonably suspect are in the country illegally.

Immigrant advocates call the bill some of the harshest legislation they have seen in a state where battles over immigration are particularly sharp edged.


Allow me to repeat that, because it’s important. The bill would, among other things, force police to check the status of people they “reasonably suspect” are undocumented.

Tell me, who exactly do you think the people police might “reasonably suspect” of being undocumented might be? Because as a white woman, I don’t think that in the event of this bill passing, I’d exactly have to fear being stopped. What this bill would essentially do is not only legalize but require racial profiling and harassment against Latin@s.

Truthdig has more on the bill. It originally passed the Senate back in February — Google searches indicate the issue was being discussed for a couple months prior to now, though it only recently hit my radar — and the most recent news seems to be that an amended version has passed committee in the House. Though the amended version changes the language about “trespassing,” some immigrants rights advocates worry that the new language is even worse. Not only does the rewording potentially criminalize legal residents who fail to carry their documentation, it also “eliminates the requirement that an individual must be in the midst of committing another crime in order to also be charged with transporting, concealing or harboring an illegal immigrant” and contains no exception for humanitarian efforts.

I’m unsure what kind of effect voter action may have at this stage in the game. The ACLU has called the bill unconstitutional, and the best bet may be a legal challenge. Nevertheless, if my searching has failed and you have action alerts or information about organizations that are combating the bill, please leave the information in the comments and I’ll update the post.

Source: Feministe

Anti-illegal immigration group wants census used to find illegal immigrants

Originally published April 07, 2010

By Abby Sewell
Medill News Service

WASHINGTON — An anti-illegal immigration group has launched a push for U.S. census data to be used to enforce immigration law.

The North Carolina-based group Americans for Legal Immigration Political Action Committee called Monday for its supporters to flood congressional offices nationwide with calls to introduce legislation that would allow 2010 census data to be used to identify and deport illegal immigrants.

Immigration advocates and experts said the proposal would be unworkable and would run counter to the purpose of the census.

ALIPAC President William Gheen called his proposal a response to widespread efforts by the census to reach out to immigrant populations through measures such as Spanish-language ads.

“We can’t allow illegal aliens to steal taxpayer allocations and taxpayer representation by being counted on the census, ” he said.

Rep. Roscoe Bartlett, a Republican who represents Frederick County, was among the congressional incumbents endorsed by ALIPAC in 2010. Bartlett’s spokeswoman, Lisa Wright, said to her knowledge no one had contacted the congressman’s office about the group’s proposal.

Census population figures are used, in part, to determine federal funding and congressional representation for each state.

Lisa Navarrete, vice president of the National Council of La Raza, a Hispanic advocacy organization, called ALIPAC an extremist group and equated taking their immigration policy proposals seriously with taking on affirmative action from a white supremacist group.

Gheen “is trying to solve a problem that doesn’t exist,” she said. “On the contrary, what the problem has been for years with the census is a significant undercount of Latinos.”

Census Bureau spokeswoman Samantha O’Neil had no specific comment on the ALIPAC proposal but said that the bureau is tasked with counting every resident, regardless of citizenship status. Federal law prohibits the Census Bureau from sharing personal information collected in the census with any other agency.

“We take our orders from the Constitution, and we’ve been doing it the same way since 1790,” O’Neil said.

The 2010 census did not include any questions about immigration status. ALIPAC is proposing that identifying information provided on census forms should be run against federal databases to flag potential illegal immigrants.

Audrey Singer, a senior fellow in the metropolitan policy program of the Brookings Institution, said it would be impossible to verify immigration status based on the information provided on the 2010 census.

“There’s no magical database out there that could accurately and reliably inform us about a person’s legal standing in the country,” she said. ” … On the accuracy of doing that, it would be a surefire failure, not to mention all of the legal and ethical consequences.”

Source: FrederickNewsPost.com

Jupiter’s El Sol Center launches ‘Hire A Worker’ campaign

MIKE RICHMOND

— Homeowners, businesses and others needing help with work are invited to “spring forward and hire a worker” from Jupiter’s El Sol Neighborhood Resource Center to help with all those spring cleaning jobs that seem to pile up.

The hire a worker campaign is an effort to boost hing that has been impacted by the sluggish economy. The program began Saturday, March 27 when 62 workers were hired through the Center’s day labor service, a record number this year. The Center is at 106 Military Trail, at the Southwest corner of Indiantown Road and Military Trail.

The day labor service matches experienced workers with employers to fill a variety of jobs such as landscaping, construction, painting, moving, general maintenance, house cleaning, carpentry, pressure cleaning and others. More than 1,880 Jupiter workers are registered at El Sol along with more than 3,400 employers.

The workers are all Jupiter residents and it takes only minutes to be matched with reliable English or Spanish-speaking persons to handle most jobs, Hours are 6 a.m. to 2 p.m. Monday through Saturday and 7 a.m. to noon Sunday. For information call (561) 745-9860. There are no fees for the job referral service. Employers pay the workers directly.

“Our workers are men and women of all ages and many skills,” said Center Director Jocelyn Sabbagh. “They are reliable, hard-working people with experience in just about every kind of work a homeowner or business needs,” she said. “They are also our neighbors who have devoted many hours of community service to improve Jupiter’s neighborhoods.”

El Sol was established by the Town of Jupiter in collaboration with concerned citizens and several non-profit organizations. it was created to eliminate health, safety and quality of life problems associated with daily gatherings of large numbers of day laborers who formerly solicited jobs along several city streets.

Many worker have learned construction skills through hands on training while volunteering on a Habitat for Humanity home construction project in Jupiter. El Sol also offers job training, English language classes, instruction in computer skills, and seminars on financial literacy and compliance with Jupiter’s codes and ordinances.

El Sol President Jill Hanson said the organization is proud of the strong support El Sol enjoys in the community and of the many hours El Sol workers have devoted to public service projects to help beautify neighborhoods.

“We hope more people will avail themselves of El Sol’s free job referral service,” she said. “We think they will be pleased with the job that the workers do.”

This story is contributed by a member of the Treasure Coast community and is neither endorsed nor affiliated with TCPalm.com

Source: TCPalm

Arizona: A State With Hate

Arizona: A State With Hate

John Carlos Frey, Director

Posted: April 6, 2010 06:41 PM

Arizona state legislators are once again positioning themselves to be the most hate-based state in the union. Arizona State Senator Russell K. Pearce (R) is a perfect example of hate mongering and overt racism. I realize that terms like “hate monger” and “racist” are strong accusations but I can find no better terms to describe the current attempt to curb illegal immigration in the state of Arizona.

From Senator Pearce’s own website:

“Republicans and Democrats in DC are terrified to oppose illegal immigration out of fear that they will be labeled racist. This assertion is ridiculous. There is nothing racist about upholding the law.”

Senator Pearce’s proposed legislation (SB1070) has nothing to do with upholding the law and everything to do with racial discrimination. According to Jennifer Allen, executive director of Arizona based Border Action Network who is working to defeat the bill, local law enforcement must make the eradication of undocumented immigrants a priority over other public safety responsibilities. Without any form of training, local law enforcement will be given authority to arrest someone if they have probable cause to believe they are undocumented. Who do you think they will suspect? This construct sets up a blatant system for racial profiling. The nearly 2 million Latinos in the state of Arizona will become prime suspects solely based on ethnicity. The bill’s discriminatory tactics include attacks on day laborers and individuals that hire them as well as anyone who may transport, know, harbor, shield or protect undocumented immigrants. The bill represents nothing short of a witch-hunt with impunity. It sets up a system of law enforcement abuse that will drive immigrants, legal or not, deeper into the shadows of society.

When I was a child, I was out for a walk with my mother in a rural part of south San Diego County. We lived within walking distance of the U.S. Mexico border. This particular morning, like many others, I ran ahead to investigate the seasonal creek several hundred yards away. When I came back to meet up with my mother she was nowhere in sight. I looked everywhere and quickly ran home to tell my father. My family spent 24 hours searching for her — calling everyone we knew including law enforcement. The next morning we received a telephone call from Tijuana, MX. My mother had been picked up by U.S. Border Patrol and deported. When I ran ahead of her, a Border Patrol agent suspected my mother was in the U.S. illegally. She tried to convince the officer that she was “legal” but he didn’t believe her. My mother had deep brown skin and spoke poor English but had lived in the U.S. as a legal resident for 25 years. She had raised four children but was deported because of her ethnicity. It was a horrible case of racial profiling that scarred my mother and family for life.

State Senator Russell Pearce has been pushing racially motivated, anti-immigrant legislation in Arizona for years. He is endorsed by and has direct associations with known white supremacists Buffalo Rick Galeener and J.T. Ready amongst others. Rick Galeener was cited for publicly urinating in front of a Latino mother and her child.

Arizona: A State With Hate J.T. Ready has publicly campaigned for Senator Pearce and has close ties to Neo-Nazi organizations. J.T. Ready has publicly stated, “I firmly believe in having a minefield across the border, this is 100% effective.” Senator Pearce did not return calls to comment on these associations nor has he denounced them publicly. Both Galeener and Ready have been monitored by the Southern Poverty Law Center and the Anti-Defamation League and are classified as nativists, extremists and white supremacists but Senator Pearce remains silent.

Jennifer Allen of Border Action Network has collected and sent over 20,000 postcards to Arizona Governor Jan Brewer opposing the legislation, yet the governor continues to support the bill. The bill is opposed by the Arizona Association of Chiefs of Police and dozens of Latino organizations and civil rights groups, yet the bill continues to make progress in the legislature. Scholars, lawyers, and fellow legislators believe Pearce’s push to rid the state of undocumented immigrants violates basic civil rights and constitutional law, yet the bill has strong Republican support. Hate crimes against Latinos are up 40 percent, yet John McCain and his primary challenger JD Hayworth claim they are tough on undocumented immigrants and neither of them have the courage to denounce the racially motivated legislation.

If Arizona lawmakers were interested in resolving the complex dilemma of immigration they would address poverty, trade imbalances, work visas, corporate greed and family reunification. Instead, leaders of the great state of Arizona have grabbed their pitch forks and nooses and are continuing to scapegoat the voiceless and vulnerable for cheap political victories. Hate begets hate and hate solves nothing.

Source: Huffington Post

New poll shows ’sea change’ in Californians’ attitudes toward illegal immigration

New poll shows ’sea change’ in Californians’ attitudes toward illegal immigration

Ken McLaughlin
kmclaughlin@mercurynews.com

New poll shows ’sea change’ in Californians’ attitudes toward illegal immigration

Rally attendees hold a San Jose based rally in support of a massive pro-immigration rally in Washington D.C. at Plaza de Cesar Chavez Park in San Jose, link Calif. on Sunday, March 21, 2010. (Josie Lepe/Mercury News) (Josie Lepe)

In a dramatic turnaround from 16 years ago, Californians now overwhelmingly favor giving illegal immigrants a “path to legalization” rather than punishing them by denying them a public education and social services, according to a poll unveiled Monday.

The survey of 1,515 registered voters showed that 67 percent of Californians support a two-pronged approach to solving the illegal immigration problem: implementing stronger enforcement at the border while setting up a legalization path for undocumented immigrants who admit they broke the law, perform community service, learn English and pay fines and back taxes.

Seventy percent favor stricter border controls and a temporary worker program that does not grant illegal immigrants citizenship and requires them to return to their homeland. But only 45 percent favor denying the undocumented an education and taxpayer-funded health and social services.

Dan Schnur, director of the Jesse M. Unruh Institute of Politics at the University of Southern California, said the poll — sponsored by the Los Angeles Times and USC’s College of Letters, Arts and Sciences — showed there was a “sea change” in Californians’ attitudes toward illegal immigration since 1994. That’s when 59 percent of the state’s voters cast a ballot in favor of Proposition 187, the white-hot measure aimed at denying services to illegal immigrants. The proposition was later ruled unconstitutional by federal courts.

“The conventional wisdom has suggested that the level of support for denial of services had remained fairly constant,” said Schnur, who once worked for Republican Gov. Pete Wilson, a champion of Proposition 187. But the new poll, Schnur said, suggests otherwise.

One big reason for the change: Younger voters are less likely to favor cutting off services to the undocumented, Schnur said. In addition, the number of Latino voters has substantially increased since 1994.

Richard Hobbs, associate director of the San Jose-based Services, Immigrant Rights and Education Network, said the poll results didn’t surprise him because he believes most fair-minded Californians realize that the current immigration policy is breaking up families. “There is widespread support to allow mixed-status families to be made whole,” he said.

But Yeh Ling-Ling, executive director of the Orinda-based Alliance for a Sustainable USA, a group that wants to see more restrictions on immigration, said the poll’s results are deceptive and will turn around once Californians begin paying attention to the renewed debate in Congress, expected later this year.

“Nobody ever told the people surveyed that amnesty will lead to an explosion of both legal and illegal immigration as newly naturalized citizens bring in their extended families,” she said.

The wide-ranging survey — which because of its large sampling size has a relatively small margin of error of plus or minus 2.6 percentage points — is the second in a series of polls sponsored by the college and the newspaper. The survey was conducted by Greenberg Quinlan Rosner Research in conjunction with American Viewpoint, a public-opinion research firm.

Other results included:

  • Forty-six percent of voters are more likely to support a member of Congress or U.S. senator who supported the recently passed health care bill. Twenty-nine percent are less likely to support the lawmaker; it made no difference to 19 percent. The finding is not good news for statewide GOP candidates for governor and U.S. Senate who have vowed to repeal the law.
  • GOP front-runner Meg Whitman is beating Democrat Jerry Brown 44 percent to 41 percent in the battle for governor. In the GOP primary, Whitman was beating Steve Poizner by a 3-1 ratio: 60 percent to 20 percent. Brown led Poizner by 53 percent to 22 percent.
  • Whitman’s wall-to-wall TV and radio advertising campaign has resulted in an increase in favorable ratings from 17 percent in November to 30 percent now. Poizner, the target of Whitman attack ads, has seen his unfavorable ratings increase from 7 percent in November to 23 now.
  • Democratic Sen. Barbara Boxer beats a “ Republican” opponent by 48 percent to 34 percent. Former Silicon Valley Congressman Tom Campbell is winning in the GOP primary with 29 percent, compared with former Hewlett-Packard CEO Carly Fiorina, with 25 percent. Conservative state Assemblyman Chuck Devore is trailing with 9 percent.
  • Belying the “common wisdom” that most Republican primary voters hunger for a red-meat conservative candidate, 44 percent of likely GOP voters said they preferred a “centrist”; 45 percent preferred a “strong conservative.” The difference is statistically insignificant.

“As a Republican pollster, I was struck by how reasonable the Republican primary voter is today,” said Linda DiVall of American Viewpoint.

She noted that only 20 percent of Republican voters surveyed said that it’s “extremely important” for a candidate to be conservative. That, she said, indicates California Republicans this year are more interested in winning than nominating someone who is a true believer.

Contact Ken McLaughlin at kmclaughlin@mercurynews.com or 408-920-5552.

DHS Report Criticizes 287(g) Immigration Program/Informe del Departamento de Seguridad Nacional critica programa de inmigración 287(g)

Democracy Now! | Headlines for April 05, for 2010 (English followed by Spanish Text)

A new federal report has criticized the Immigration and Customs Enforcement’s 287(g) program, treat which gives state and local law enforcement agencies authority to enforce immigration laws. The Department of Homeland Security Office of Inspector General found the program does not have adequate safeguards against racial profiling and other civil rights abuses. In addition, the report said local police officers have misused the program by targeting undocumented immigrants who have been arrested for minor offenses. The report states, “g) program is meeting its intended purpose, or that resources are being appropriately targeted toward aliens who pose the greatest risk to public safety and the community.” Critics of the program say many immigrants will no longer call the local police for help out of fear they could be arrested and deported. Laura Murphy of the American Civil Liberties Union said, “The 287(g) program, as this latest report confirms, all but abandons the constitutional guarantees of fair and due process, and encourages racial and ethnic profiling.”

——————

Un nuevo informe federal critica el programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que le otorga facultades a las agencias de seguridad estatales y locales para hacer cumplir las leyes de inmigración. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional descubrió que el programa no prevé protecciones adecuadas contra la discriminación racial y otros abusos de los derechos civiles. Además, este informe indicó que los oficiales de la policía local hicieron un mal uso de este programa contra los inmigrantes indocumentados que fueron arrestados por delitos de menor cuantía. El informe dice: “la ICE no puede garantizar que el programa 287(g) esté cumpliendo con el objetivo deseado o que los recursos se estén utilizando adecuadamente contra los extranjeros que representan grandes peligros para la seguridad pública y la comunidad”. Quienes critican este programa dicen que muchos inmigrantes no acudirán a la policía local en busca de ayuda por temor a ser arrestados y deportados. Laura Murphy, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), dijo: “El programa 287(g), como lo confirma el más reciente informe, prácticamente abandona las garantías constitucionales de trato justo y debido proceso y fomenta la discriminación racial y étnica”.

Source: Democracy Now! Headlines (English, Spanish)