Gonzalo Mercado, Director de Programas Transnacional para NDLON
La Administración Biden anunció varias medidas para regular la inmigración procedente de México, Centroamérica y Sudamérica, entre ellas la creación de centros de tramitación en Colombia y Guatemala, y la promesa de abrir con el tiempo algunos en otros países, donde los posibles inmigrantes puedan solicitar la entrada legal en Estados Unidos.
La Casa Blanca promete más admisiones de refugiados, más visados para que las familias se reúnan, más formas de cruzar la frontera sin hacer el mortal viaje hacia el norte. Dice que estas medidas reducirán el caos en la frontera sur y ayudarán a la gente a evitar el uso de los cárteles criminales en el negocio del contrabando.
Pero habrá un precio muy alto. La Administración afirma que también será dura con los inmigrantes que no sigan las nuevas normas. Su intención es hacer prácticamente imposible que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera. Dice que los que se presenten allí serán expulsados rápidamente y se les prohibirá regresar durante cinco años. Habrá nuevas consecuencias. Más agentes federales. Más represión transnacional.
¿Puede una política de inmigración ser a la vez dura y humana? ¿Es moralmente responsable que la Administración ayude a algunos inmigrantes que buscan asilo cerrando las opciones a otros? Se espera que la Administración elimine el asilo tal y como lo conocemos la próxima semana. ¿Es ésta la única opción para el presidente Biden mientras los bárbaros xenófobos mantienen secuestrado al Congreso?
Son preguntas abiertas. Tenemos muchas otras.
La Casa Blanca ha dejado claro que su principal prioridad es salir de un atasco político: neutralizar la demagogia republicana sobre la inmigración reduciendo el número de inmigrantes que llegan a la frontera.
El Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, lo ha dicho al comienzo de su intervención de hoy: “Reduciremos el número de migrantes que llegan a nuestra frontera sur”.
El Sr. Mayorkas insistió en que las nuevas normas harán que la migración sea “segura, ordenada y humana”.
Pero, ¿lo hará? Pondremos de nuestra parte para ayudar a una política que permita a los migrantes -especialmente a los niños- buscar refugio y trabajo en Estados Unidos sin tener que hacer el mortal viaje al norte.
Pero, ¿cumplirá la Administración sus obligaciones legales en virtud de la ley de asilo cuando se encuentre en la frontera con migrantes que no recibieron el memorándum? ¿Aquellos que no tienen la aplicación? ¿Y los inmigrantes indígenas que no hablan español ni inglés? ¿Debería preocuparnos la posibilidad de que los agentes deshonestos de la Patrulla Fronteriza realicen entrevistas de “miedo creíble“ y expulsen y criminalicen a los inmigrantes de forma rápida, sumaria e injusta?
¿Cuándo abrirán estos centros de procesamiento en Guatemala y Colombia y cuándo en los países adicionales? ¿A qué se debe el retraso? ¿Por qué se priva a las personas de los países centroamericanos de la igualdad de derechos? ¿Por qué no reciben la misma protección que los europeos de antaño o los ucranianos de ayer?
¿De cuántos inmigrantes se ocuparán estos centros? ¿Habrá suficiente personal consular estadounidense para tramitar las solicitudes? ¿Habrá cooperación con la sociedad civil? ¿Qué pasa con los países en los que las ONG están siendo atacadas?
Al parecer, algunos inmigrantes podrán trasladarse a Canadá y España. ¿Cuáles son los detalles? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cómo?
¿Pueden los trabajadores huéspedes retornados presentar quejas por violaciones laborales en estos centros para facilitar su retorno a Estados Unidos y reivindicar su derecho?
¿Cuáles son los detalles sobre las promesas de “asegurar” el paso del Darién con Colombia y Panamá? ¿Qué implica eso?
¿Cuáles son los detalles de las nuevas inversiones, iniciativas de creación de empleo y métricas que supuestamente permitirán que más migrantes potenciales en Centroamérica permanezcan de forma segura y prosperen en su país?
¿Se está comprometiendo la administración con los gobiernos de Perú y Chile (2 signatarios de la Declaración de Los Ángeles) para abordar la situación en las fronteras de ambos países?
Ahora que Estados Unidos ha dejado clara su intención de resolver su crisis política interna apoyándose en la cooperación internacional, ¿qué hará México?
Está claro que la participación mexicana es ahora un aspecto integral de la política de deportación estadounidense. ¿Qué ocurrirá si no siguen el plan?
El Secretario Mayorkas se abstuvo de responder cuando se le preguntó sobre esto hoy. Pero estamos a dos semanas del 11 de mayo. ¿Por qué no está claro lo que México hará y lo que no hará?
Y, por último, ¿reconocerá la Administración las peligrosas realidades que se viven en Centroamérica a la hora de tratar con los inmigrantes que intentan entrar en Estados Unidos y con los inmigrantes indocumentados que ya están aquí? Nuevos informes de la socióloga Cecilia Menjivar y el economista William Pleites han puesto de relieve los peligros que sigue entrañando vivir en El Salvador y Honduras. Mencionan los efectos actuales de la pandemia del COVID-19, el cambio climático, la inestabilidad económica y las condiciones sociales en Honduras y El Salvador, y sostienen que la migración desde estas naciones seguirá afectando a la región si las condiciones no mejoran.
A lo largo de la historia de Estados Unidos, la única constante en una política de inmigración por lo demás en evolución es que las nuevas vías legales para algunos migrantes se corresponden con la criminalización de otros migrantes. En los grupos son ganadores. Nuestros grupos son perdedores. Los detalles importan. El equilibrio importa.
En los próximos días y semanas, NDLON y nuestros aliados transnacionales evaluarán la política de Biden basándose en hechos sobre el terreno, no en hojas informativas y conferencias de prensa.