Al Sheriff Lee Baca le sigue pesando estar a favor del programa federal Comunidades Seguras (S-Comm) y de compartir la información de los detenidos por sus agentes con la Oficina de Migración. Duras críticas, presión legislativa y órdenes judiciales han puesto en jaque tan polémica colaboración. Esta semana tres organizaciones civiles lo forzaron a través de los tribunales a publicar detalles de esa participación, exigiéndole revelar quiénes y cuántos indocumentados sin delitos graves fueron deportados por S-Comm en Los Ángeles, y especificar si hubo alguna “negociación” de por medio. – La Opinion 02.23.2012
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