Dos nuevos reportes emitidos recientemente, por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, identificaron problemas en la implementación y ejecución del polémico programa Comunidades Seguras. Este consiste en ingresar las huellas dactilares de personas detenidas en jurisdicciones suscritas a él, para luego contrastarlas con las bases de datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Si se determina que el individuo no posee estatus migratorio legal, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejecuta medidas de control, entre ellas iniciar procesos de deportación. Actualmente el programa está activado en 2,590 jurisdicciones, es decir en 81% del país.

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